La expresidente de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que sufre «tortura psicológica» por parte de los funcionarios del penal de Miraflores, a raíz de la huelga de hambre que sostiene por su libertad hace 12 días, al tiempo que su familia y su defensa aguardan que en las próximas horas se realice una audiencia judicial varias veces aplazada para determinar si debe continuar en prisión preventiva o no.
Áñez tomó la palabra durante una audiencia virtual por la acción de libertad que presentó su hija Carolina Ribera contra los funcionarios del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores y que finalmente fue denegada.
«Sufro desde hace un tiempo una tortura psicológica, porque yo estoy en huelga de hambre», insistió.
En aquella revocatoria, el juez «dispuso efectivizar, aún en contra de la voluntad de la accionante, el inicio inmediato de un tratamiento de rehidratación u otros a fin de que sea atendida dentro del penal».
Según Áñez, los funcionarios debían trasladarla al hospital, pero intentaron medicarla a la fuerza y retiraron con engaños de la celda a su hija, Carolina Ribera.
La exmandataria relató al juez que tras una anterior audiencia el viernes pasado, que autorizaba su traslado a un centro médico y después fue revocada, sufrió varias crisis nerviosas a causa de funcionarios penitenciarios y médicos que intentaron hacerle una valoración a la que se resistió.
Reclamo de su familia y su defensa
La familia y la defensa de Áñez volvieron a reclamar por la incomunicación y el estado de salud de la exmandataria, que lleva 12 días en huelga de hambre, y que aguardan que en las próximas horas se realice una audiencia judicial varias veces aplazada para determinar si debe continuar en prisión preventiva o no.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, interpuso un nuevo recurso contra las autoridades de la cárcel de Miraflores, por mantenerla presuntamente incomunicada, que fue admitido por el Tribunal Departamental de La Paz.
«Se tiene incomunicada a la exmandataria y no sabemos de su estado de salud», disparó Luis Guillén, uno de sus abogados.
La otra defensora, Norka Cuéllar, afirmó que Áñez continúa «en la extrema medida de huelga de hambre», según supo «de manera extraoficial, porque el personero de Naciones Unidas se ha comunicado con la hija, con Carolina».
La ONU desmintió a Áñez
Paralelamente, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en Bolivia afirmó que constató que «no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades penales en perjuicio de la expresidente», en un comunicado divulgado en Twitter y otras redes sociales.
Esa declaración fue replicada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien destacó el «estricto cumplimiento» en prisión de los derechos de Áñez.
La audiencia en la que se analizará la solicitud para que cese la detención preventiva de Áñez se aplazó por última vez el jueves pasado, cuando la exmandataria se descompensó y sufrió temblores.
Los médicos que la atendieron confirmaron que estaba «sufriendo una crisis nerviosa y que era necesario estabilizarla», por lo que el juez aplazó la audiencia.
La expresidente está recluida preventivamente desde marzo del año pasado y sobre ella pesan dos procesos penales, los casos «golpe de Estado I y II» en los que se afirma, según el oficialismo, que ella se colocó ilegalmente en línea de sucesión constitucional para luego asumir la Presidencia del país.
Áñez tiene causas abiertas por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019 y está acusada de terrorismo, conspiración, sedición y actos contra la Constitución y las leyes.
La exmandataria era segunda vicepresidente del Senado cuando el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo seguido por su compañero de fórmula y los presidentes de la Cámara Alta y de Diputados.
Gendarmes declaran como testigos en la causa por contrabando de municiones a Bolivia
Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados a declarar en calidad de testigos desde hoy en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de gendarmes que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia que sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 con en el mismo avión hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.
Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre hoy y el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020; mientras que la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio.
Las convocatorias fueron dispuestas por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, en diciembre pasado cuando junto con una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en Argentina y en Bolivia con el objetivo de reconstruir el destino de las municiones antitumulto que salieron de este país con el supuesto propósito de utilizarse para defender la Embajada nacional y la residencia del embajador.
En esta primera ronda será oído el testimonio de 21 gendarmes, mientras que luego el magistrado deberá evaluar la convocatoria de aquellos miembros de esa fuerza que viajaron junto a las municiones el 13 de noviembre de 2019.
A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.
La justicia busca determinar, además, «qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto»; por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados en Argentina el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Desde el pasado 16 de julio, en el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
En dictámenes posteriores, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente también fue imputado por el fiscal Claudio Navas Rial el comandante de gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.
En los depósitos de la Policía Boliviana se encontraron los siguientes elementos que, según las denuncias presentadas ante la justicia habían salido de Argentina y se habían desviado en su destino final: 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y dos granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.
El disparador del caso fue una nota hallada en Bolivia y firmada por el General de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la que le agradecía al entonces embajador argentino en ese país, Álvarez García, el envío de 40.000 cartuchos AT 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas.
